Una propuesta del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) podría convertirse en un verdadero punto de inflexión para el desarrollo de energía solar fotovoltaica en Colombia. El proyecto de Decreto busca reformar el proceso de licenciamiento ambiental para instalaciones fotovoltaicas entre 10 y 100 MW, recortando de manera significativa los tiempos, costos y barreras técnicas que históricamente han frenado el crecimiento del sector.
De aprobarse, el tiempo estimado para obtener una licencia ambiental bajaría de 280 a 175 días. Esta reducción no es solo una mejora operativa: podría representar una diferencia crucial para empresas que enfrentan ventanas limitadas de inversión, condiciones cambiantes del mercado y altos costos financieros mientras esperan permisos.
La propuesta también trae consigo un rediseño estructural del proceso de evaluación ambiental. Se plantea trasladar la competencia desde las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), centralizando la gestión para ofrecer mayor coherencia técnica, aunque este cambio despierta dudas sobre la capacidad operativa de la ANLA para absorber una nueva carga de trámites sin afectar la calidad del análisis ambiental.
¿Qué está en juego para las empresas?
Más allá de la velocidad en los trámites, esta reforma podría elevar la viabilidad financiera de cientos de proyectos que hoy enfrentan incertidumbre jurídica. Una licencia ambiental más eficiente mejora el perfil de riesgo de los proyectos, facilita su financiación y atrae inversión extranjera, en un contexto donde las metas de transición energética demandan escala y velocidad.
El borrador del Decreto también incluye herramientas técnicas innovadoras: el uso de información preexistente, orientación previa por parte de la autoridad ambiental y una evaluación proporcional según la naturaleza del proyecto. Estas medidas buscan mantener altos estándares ambientales, pero con una carga regulatoria racional, alineada con los impactos reales de los proyectos solares.
Otro elemento disruptivo es la posibilidad de proponer comunidades energéticas como mecanismo de compensación ambiental. Esta alternativa rompe con los esquemas tradicionales de reforestación y apunta a una compensación más social, productiva y sostenible. Sin embargo, aún no se cuenta con indicadores claros ni metodologías para medir su eficacia, ni para su implementación acorde con la realidad del país y según el contexto de cada región.
La inclusión de comunidades étnicas en la fase de seguimiento ambiental es otro avance destacado en términos de participación, aunque genera interrogantes sobre su implementación práctica y la definición de roles para evitar conflictos.
¿Qué hace falta para impulsar de verdad la energía solar en Colombia?
Aunque esta iniciativa es un paso clave, persisten retos: fortalecer la capacidad institucional de la ANLA, estandarizar los criterios técnicos en la evaluación de impactos, crear marcos regulatorios para nuevas formas de compensación.
La reforma al licenciamiento ambiental es una pieza dentro de un rompecabezas más grande: Colombia necesita seguridad jurídica, agilidad administrativa y claridad normativa para convertirse en un destino competitivo para la inversión en energías renovables.
Este proyecto de Decreto es solo uno de tantos que se espera sean publicados a futuro con el fin de continuar innovando y facilitando la inversión en este tipo de proyectos, brindando una mayor certidumbre jurídica para los desarrolladores, mejorando la bancabilidad de los proyectos y reduciendo los costos legales y transaccionales.
Foto tomada de Freepick.