Históricamente en Colombia las propuestas de campaña no han coincidido con los programas ejecutados por el candidato o partido ganador en las elecciones. Sin embargo, es posible determinar una tendencia en las políticas públicas de los gobiernos, en relación con lo que fueron sus propuestas de campaña.
Esta columna tiene como objetivo hacer un recorrido por el plan de gobierno del electo presidente Gustavo Petro en materia tributaria y tratar de desentrañar del mismo cuáles podrían ser sus políticas en materia tributaria durante los próximos cuatro años.
La fuente fundamental de análisis es el plan de gobierno del electo presidente publicado en su página web oficial. Hacemos esta aclaración, pues en múltiples alocuciones públicas y en intervenciones en las redes sociales, el candidato elegido mencionó innumerables asuntos de carácter tributario y fiscal que sería imposible recoger de forma completa y, adicionalmente, todos conocemos la intención de estas alocuciones y manifestaciones, que no es otra que atraer votantes y generar emocionalidad en los interlocutores.
Por lo anterior, tratando de hacer un ejercicio lo más objetivo posible, nos remitimos únicamente al plan de gobierno publicado en la página oficial antes referida.
Hay una marcada tendencia, en todo el programa de gobierno, a mencionar la progresividad y la equidad como principios fundantes de la política fiscal y se reconoce que los niveles de evasión y elusión tributarios, son muy altos.
Como herramienta para lograr la redistribución de la riqueza por la vía de una reforma agraria, se propone la implementación del catastro multipropósito buscando incentivar que tierras improductivas se vuelvan productivas.
Se adjudica a los ingresos no constitutivos de renta, a las rentas exentas y a los descuentos tributarios, una pérdida en recaudo equivalente al 3,5 % del PIB. Esto representado en 29 billones de pesos para personas jurídicas y casi 12 billones de pesos correspondientes a personas naturales.
Con expresiones como “(..) las tarifas efectivas no responden a la capacidad de pago de personas jurídicas y naturales declarantes, con un claro sesgo a favor de las personas excesivamente ricas” o “concentrado en las personas más ricas del país” (haciendo referencia a los beneficios tributarios), el programa de gobierno da luces de una marcada intención de gravar a las personas con mayor patrimonio en el país, cosa que se traducirá, muy seguramente, en un Impuesto al Patrimonio, medida que dista de ser novedosa en nuestro sistema fiscal. Estaremos muy pendientes, eso sí, de las características técnicas de este impuesto, en caso de introducirse en una muy segura reforma tributaria.
Por esta vía, también aparecerá en el panorama fiscal, la discusión sobre revivir o no la renta presuntiva, con los consabidos problemas técnicos de esta figura: i) es un innegable disuasor para la inversión extranjera, sobre todo en sectores que requieren inversiones intensivas de capital y cuyo retorno es a largo plazo; ii) desestimula la constitución de sociedades por el riesgo de presentarse tributación por renta presuntiva en cascada, en sede de la sociedad y en sede de los accionistas; etc.
El programa de gobierno del presidente electo también hace referencia a la eliminación de beneficios fiscales a algunos sectores económicos, de tipos de rentas o de fuentes de ingresos que considera distorsionadores de la competencia. Frente a este punto, será muy importante estar atentos que sucederá con los beneficios otorgados en los últimos gobiernos a ciertos sectores: i) rentas hoteleras con una tarifa del 9 % del Impuesto sobre la Renta; ii) rentas exentas para sociedades de economía naranja; iii) rentas exentas para sociedades del campo colombiano; etc. y cuál será la aproximación frente al concepto de situación jurídica consolidada reiterada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional frente a estos casos.
De otro lado, un aspecto que genera mucha inquietud es la referencia que se hace, en el programa de gobierno, a la tributación de las personas naturales en los siguientes términos: “Eliminaremos las rentas cedulares creando una sola tabla en donde se cobre el mismo impuesto a las rentas laborales que a los dividendos y las ganancias ocasionales, eliminando la posibilidad de que las personas más ricas y de mayores ingresos tributen a tarifas preferenciales”. Esto texto da la idea de igualar la tarifa del Impuesto sobre la Renta a la del Impuesto a los Dividendos y a la del Impuesto de Ganancias Ocasionales, devolviendo, en este último caso, al país a un escenario de tarifa por ganancia ocasional excesivamente alto.
Aunado a lo anterior, se propone volver obligatoria la distribución de dividendos, por lo menos en un porcentaje del 70 % (asumimos que de las utilidades del ejercicio). Una norma de este tipo nos parece que atenta contra la promoción al fortalecimiento del tejido empresarial, base de la generación del empleo. La decisión de no distribuir dividendos no está dada en la mayoría de los casos para evitar la generación del impuesto. Por el contrario, esta decisión busca fortalecer el ente productivo, buscando hacerlo más competitivo y ampliar su capacidad.
En la tendencia con las últimas reformas tributarias, se propone endurecer los delitos tributarios, sugiriendo eliminar la posibilidad de la extinción de la acción penal por pago de la deuda.
En cuanto a fiscalización internacional y lucha contra la evasión, desafortunadamente no hay nada concreto. Tenemos una deuda histórica en la lucha contra la evasión (que es una clara forma de corrupción) y el programa de gobierno se queda en escuetas y genéricas referencias. Será responsabilidad del nuevo gobierno proponer e implementar herramientas prácticas y efectivas al respecto.
Por último, se sugiere eliminar el IVA de la canasta familiar y la creación de impuestos saludables. ¿Será esto un claro guiño al impuesto a las bebidas azucaradas que ha hecho carrera en el Congreso de la República pero no ha logrado convertirse en ley?