Por: David Ramírez A.
Durante décadas, la asesoría legal en derecho corporativo ha estado enfocada a compañías tradicionales de mediana y gran envergadura. Por lo tanto, muchas de las políticas en esta materia, como lo son las prácticas de buen gobierno corporativo, la bonificación con acciones a los directivos y los métodos de valoración, por citar algunos ejemplos, han sido aplicados con gran éxito en este tipo de empresas.
Tradicionalmente, estas prácticas han partido de ciertos paradigmas como que debe existir una separación de los órganos sociales y por ende debe aplicarse una política de buen gobierno de división de sus roles; que los directivos de la compañía deben ostentar la menor propiedad accionaria posible (pues si bien inicialmente se consideró importante entregarles acciones, esta tendencia se ha desincentivado por el riesgo de especulación); y que el valor de las compañías, para efectos de su valoración, radica en sus ingresos y/o activos.
Ahora, si bien estas teorías continúan vigentes para compañías con cierto grado de maduración, actualmente, con el auge de startups (emprendimientos de base tecnológica), este enfoque se debe replantear, especialmente en países donde el verdadero impacto de las tecnologías emergentes apenas se comienza a vislumbrar.
Lo anterior teniendo en cuenta que, en este tipo de compañías, las prácticas tradicionales no se ajustan a su realidad, puesto que, contrario a estas tendencias, en las startups se rompe con algunos paradigmas tradicionales de gobierno corporativo.
En cuanto a la separación de los órganos sociales, en las startups, es de suma importancia para su éxito, que sus cofundadores, además de su permanencia como administradores, continúen teniendo un porcentaje importante de participación accionaria, pues en ultimas estos constituyen el alma de la compañía, más allá del producto o servicio que se ofrece. Por lo tanto, no existirá una clara separación entre los administradores y los accionistas.
De igual manera, contrario a lo que se plantea para las compañías tradicionales, con el fin de atraer talento humano capacitado y mantenerlo motivado, es usual que a éste se le brinde la posibilidad de participar en el capital de la startup, sujeto en todo caso al cumplimiento de ciertas metas y obligaciones.
Finalmente, en relación con la valoración de la compañía, es común encontrar startups que cuenten con pocos o ningún activo fijo y que su planeación a varios años implique la no generación de utilidades. Además, estos emprendimientos suelen financiarse a través de rondas de inversión teniendo en cuenta aspectos como la escalabilidad de la plataforma, la validación del mínimo producto viable en el mercado, la conformación y compromiso del equipo fundador, y algunos Indicadores Claves de Desempeño (KPI’s, por su sigla en inglés), como el número de descargas de la aplicación, el número de usuarios suscritos y su crecimiento. Es por esto que los métodos tradicionales de valoración suelen quedarse cortos cuando se pretenden aplicar a startups.
Así las cosas, el rol del abogado corporativo actual en la asesoría de este tipo de emprendimientos, exige una comprensión del propósito que cumple cada startup, entendiendo como está conformado su personal clave, su ecosistema y la propuesta de valor de su producto o servicio, para que de esta manera pueda atender las necesidades reales de sus clientes. Además, el abogado debe crear nuevos lineamientos y buenas prácticas, y no incurrir en el error de replicar los de una compañía tradicional. De esta manera, su reto está en desarrollar la habilidad de brindar una asesoría partiendo de enfoques no tradicionales, con equipos multidisciplinarios que permitan obtener una versión fresca y diferente de cada modelo de negocio, cambiándose los lentes de manera acertada a la hora de prestar este tipo de asesorías.
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